La economista Mónica Muñoz Nájar, de la Red de Estudios para el Desarrollo, destacó que la tarifa se incluyó en el contrato de concesión firmado en 2013, lo que ha habilitado a la empresa concesionaria a imponer este cobro. Sin embargo, Muñoz advierte que esta nueva carga económica podría ahuyentar a los viajeros, lo que a su vez impactaría negativamente en la competitividad del aeropuerto peruano frente a otros destinos como Bogotá y Panamá, los cuales abundan en vuelos de interconexión gracias a su estructura de costos más favorable.