En Piura, la extorsión ya no discrimina: amenaza comerciantes, transportistas e incluso a los colegios piuranos. Mientras tanto, las medidas del Estado son insuficientes para devolverle la tranquilidad a su gente.

Las cifras son alarmantes: en el primer semestre de 2025, se registraron 1,356 denuncias por extorsión, un 56.2% más que en el mismo periodo de 2024 (SIDPOL, 2025), pero lo más grave es el salto de la modalidad más violenta: la extorsión agravada creció 71.6%, superando todas las denuncias del 2023 (SIDPOL, 2025). Frente a los niveles prepandemia, hoy los casos se han multiplicado por diez.

Pero mientras el crimen se expande, la respuesta del Estado se debilita. Piura cuenta con apenas 2.5 policías por cada mil habitantes (@pdbperu, 2025). Y las reformas judiciales han erosionado aún más el sistema: hoy, solo 1 de cada 3 extorsionadores recibe una condena efectiva. Hace seis años, eran 9 de cada 10 (BCP, 2025).

Para frenar esta situación, no bastan las soluciones temporales. Es necesaria una reforma profunda de la Policía Nacional, que apueste por el patrullaje estratégico, inteligencia contra criminales y el uso de tecnología para desarticular estas redes. Porque sin seguridad, no hay desarrollo, y los piuranos merecen recuperar su derecho a vivir sin miedo.

Un país sin seguridad no crece. Y sin crecimiento, todos perdemos.