Piura enfrenta una crisis de seguridad que impacta a toda su población. En 2024, la región registró 34,099 denuncias, convirtiéndose en la quinta con más casos a nivel nacional. Sin embargo, no hay avances claros ni una estrategia definida para frenar la violencia.

Los delitos más frecuentes son robos, hurtos y estafas (SIDPOL, MININTER, 2024). Pero más allá de las cifras, lo que predomina es el miedo: más del 60% de los piuranos mayores de 15 años no se siente seguro (INEI, 2024).

Uno de los factores de esta crisis es la limitada capacidad policial. En 2024, Piura contaba con apenas 136 efectivos policiales por cada 100,000 habitantes, por debajo del estándar de la ONU, que recomienda 300 policías por cada 100,000 habitantes. Además, solo el 30% de las comisarías de la región tenía infraestructura adecuada, lo que evidencia las dificultades estructurales para garantizar la seguridad (MININTER, 2024).

La crítica situación de seguridad en Piura requiere una reforma integral de la policía y el sistema de justicia para garantizar una protección equitativa y eficiente. Esto implica fortalecer la infraestructura y el número de efectivos, así como consolidar alianzas con los sectores más vulnerables. Además, es esencial reducir las barreras para denunciar, optimizar el trabajo de inteligencia con tecnología avanzada y promover campañas focalizadas con el apoyo del sector privado (Videnza Instituto, 2024).

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