Cada mañana, en Junín, cerca de un millón de personas abren el caño para cocinar, lavarse o bañarse… sin saber que el agua que fluye podría estar dañando su salud (INEI, 2025).

Y aunque en Junín, el 93% de la población está conectada a la red pública, ese acceso no garantiza que el agua sea de calidad: 4 de cada 5 personas toma agua que no está bien clorada (INEI, 2025).

Peor aún: más de la mitad de los hogares no tiene agua todo el día: hay quienes aprenden a racionarla, almacenando en baldes o esperando horas para llenar una olla (INEI, 2025).

Y ese esfuerzo cotidiano tiene consecuencias: el agua mal tratada aumenta el riesgo de enfermedades como diarrea o infecciones parasitarias, sobre todo en niños y adultos mayores (CDC, 2025). Y cuando uno se enferma, los efectos no son solo sobre la salud: la familia gasta más en medicinas, pierde días de trabajo y ve frenadas oportunidades (Van Minh & Nguyen-Viet, 2011).

Hasta marzo de este año, seis proyectos de agua y saneamiento en Junín están paralizados. Son uno de cada cuatro proyectos detenidos en la región, con más de S/ 104 millones que podrían estar ya mejorando la vida de miles de familias (Contraloría, 2025).

Cerrar la brecha de agua no es un asunto técnico, es un asunto de bienestar. El dinero existe, pero no llega donde más se necesita. Mientras tanto, miles de peruanos pagan con su salud y sus oportunidades.

Si el dinero está, ¿qué falta para que el agua llegue a quienes más la necesitan?