La minería ilegal en Ica ya no es solo un delito económico: es una amenaza directa a la seguridad, al patrimonio cultural y a la tranquilidad de miles de familias.

Esta actividad que opera fuera de la ley, sin permisos ni responsabilidad ambiental, es un negocio altamente lucrativo: este año se espera que mueva más de US $12,000 millones a nivel nacional, un 60% más que en 2024 (@IPEopinion, 2025).

Mientras la ilegalidad crece, los recursos para frenarla se desploman: en un año, el presupuesto en Ica cayó un 78%, de S/ 191 millones en 2023 a apenas S/ 42.7 millones en 2024 (@CEPLAN2050, 2024).

Este vacío de autoridad es terreno fértil para el crimen organizado. Hoy, la minería ilegal mueve hasta 6 veces más que el narcotráfico y financia redes de extorsión, sicariato y trata de personas. Las consecuencias se sienten: los homicidios en Ica aumentaron 45% y las denuncias por extorsión se cuadruplicaron entre 2019 y 2024 (IPE, 2025).

Además, muchas de estas operaciones ilegales se esconden bajo el uso fraudulento del REINFO. Más de la mitad opera cerca de las Líneas de Nazca, poniendo en riesgo un símbolo del Perú ante el mundo (@comexperu, 2024).

Ya no solo está en juego la economía. Está en juego nuestra seguridad, nuestra tranquilidad y nuestro legado. La lucha contra la minería ilegal no puede esperar. Exige presencia estatal, acción firme de las autoridades capacitadas y vigilancia ciudadana y de las empresas del sector (CEPLAN, 2024). Solo uniendo estas fuerzas se construirá un futuro donde la seguridad y la ley valgan más que el oro ilegal.