Imagina a un pequeño comerciante que lo invirtió todo en su negocio. Hoy, por la ola de inseguridad, en lugar de pensar en cómo crecer, piensa en cómo protegerse.

En Arequipa, pequeñas emprendedoras y comerciantes trabajan bajo amenaza constante (AGREMUB, 2025). Bodegas, farmacias y ferreterías se ven obligadas a cerrar.

Y esto ocurre en una región que lidera la creación de pequeñas empresas fuera de Lima (INEI, 2025) y donde la cantidad de nuevas empresas que se abren cada año se aceleró el 2025. Sin embargo, la falta de competitividad y la creciente inseguridad han provocado que las ventas de las PyMEs caigan casi 50% en el último año, afectando a miles de familias (MUP, 2025).

La inseguridad no solo genera miedo, también frena la economía. Cuando aumenta el delito, cae la confianza: las familias gastan menos y los empresarios invierten menos (BCRP, 2025). Entre 2021 y 2024, Arequipa perdió S/171 millones en crecimiento económico debido al aumento de delitos y homicidios (CPC, 2026).

Mientras tanto, la respuesta del Estado ha sido lenta y reactiva. Aunque se realizan algunos operativos, no es suficiente. Solo la mitad de las comisarías en Arequipa tienen patrullaje integrado (MININTER, 2024), y 8 de cada 10 arequipeños ya no confían en la Policía (MININTER, 2025).

Para frenar esta situación, necesitamos actuar con inteligencia y prevención. Es crucial un control constante del territorio y que las instituciones trabajen juntas. Urge que los comerciantes se sientan protegidos, con presencia policial permanente, videovigilancia en tiempo real, mejor iluminación y presencia policial constante, especialmente en horarios críticos (CIES, 2021; CIUP, 2024).

Porque cuando un comerciante cierra por miedo, no solo pierde él: pierde la ciudad.