Arequipa enfrenta una crisis de seguridad que impacta a toda su población. En 2024, se registraron más de 37,000 denuncias, convirtiéndola en la cuarta región con más casos a nivel nacional. Sin embargo, no hay avances claros ni una estrategia definida para frenar la violencia.

Las denuncias más frecuentes en Arequipa son por robos, estafas y extorsiones (SIDPOL, MININTER, 2024). Sin embargo, más allá de las cifras, lo que realmente predomina es el miedo: más del 60% de los arequipeños mayores de 15 años no se siente seguro en su entorno (INEI, 2024).

Además, solo 1 de cada 5 arequipeños confía en la Policía Nacional del Perú, lo que evidencia una profunda crisis de credibilidad en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

Uno de los factores de esta crisis es la limitada capacidad policial. En 2024, Arequipa contaba con 215 efectivos policiales por cada 100,000 habitantes, cuando el estándar recomendado por la ONU es de 300. Asimismo, solo la mitad de las comisarías de la región tenía infraestructura adecuada, lo que evidencia las dificultades estructurales para garantizar la seguridad (MININTER, 2024).

La crítica situación de seguridad en Arequipa requiere una reforma integral de la policía y del sistema de justicia para garantizar una protección equitativa y eficiente. Esto implica fortalecer la infraestructura y el número de efectivos, así como consolidar alianzas con los sectores más vulnerables. También es esencial reducir las barreras para denunciar, optimizar el trabajo de inteligencia con tecnología avanzada y promover campañas focalizadas con el apoyo del sector privado (Videnza Instituto, 2024).

¿Qué acciones consideras necesarias para frenar la creciente inseguridad en Arequipa?