Es momento de una agenda clara para escuchar, entender y atender las demandas ciudadanas.

El 2022 ha sido y sigue siendo un año cargado de problemas. El más reciente y duro es la irreparable pérdida de vidas humanas durante las protestas tras el golpe de estado del 7 de diciembre. A ello se suman varias pérdidas económicas generadas por dichas protestas, pero también por un año cargado de inflación, conflictos sociales que trajeron parálisis, menor confianza para invertir y una gestión pública que se ha deteriorado fuertemente por malos nombramientos y constantes cambios de gabinete durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

La democracia y las instituciones sólidas son críticas porque –en teoría- brindan reglas claras para la convivencia y la actividad económica generadora de empleo. También traen consigo derechos y libertades que no nos son asegurados en otras formas de gobierno. Así, la democracia promueve un equilibrio entre los poderes del Estado, para evitar abusos. Sin embargo, llevamos años con instituciones precarias y un Estado que no funciona ni tiene mayor confianza o legitimidad por parte de su ciudadanía. Los peruanos no perciben una mejora sustancial en los servicios públicos que reciben a pesar del crecimiento económico previo a la pandemia.

Esto tiene consecuencias prácticas que están ahí desde hace tiempo, pero que hemos decidido poner bajo la alfombra. Ya en 2021 sabíamos que solo uno de cada cinco peruanos estaba satisfecho con la democracia y solo el 50% la apoyaba como forma de gobierno. Nuestra satisfacción con la democracia se ha deteriorado mucho. En 2012 era de 52% y en 2021, de 21%. No resulta sorpresivo entonces que más de la mitad de los peruanos tolerarían un golpe militar ante mucha corrupción. Siendo que casi el 90% considera que más de la mitad de los políticos son corruptos, ¿era tan imprevisible lo que nos ha ocurrido o hemos querido dar la democracia por sentada cuando todas las alarmas estaban ya ahí?

Si se quieren evitar disrupciones calificadas como “antisistema” es necesario trabajar con más seriedad para que el sistema funcione para todos. En un Estado como el nuestro, esto implica enfrentar problemas que llevamos años sin resolver. La sierra sur, donde hemos visto gran parte de las protestas, concentra a gran parte de nuestra agricultura familiar y de subsistencia, afectada recientemente por los fertilizantes que no llegan y una reducción importante en las lluvias por el Fenómeno de la Niña. Varias de las regiones de esta zona tienen una elevada incidencia de pobreza a pesar de, en muchos casos, contar con recursos provenientes del canon. El Estado como un todo –que involucra a los tres niveles de gobierno- no responde a lo que necesita el ciudadano, no comunica adecuadamente sus acciones y responsabilidades, y deja espacio para narrativas que buscan culpables adicionales y nos polarizan cada vez más.

En una medición reciente de Ipsos sobre sentimientos “antisistema”, en el Perú destaca que cerca de 7 de cada 10 están de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (1) “A los políticos y partidos tradicionales no les importa la gente como yo” (69%); (2) “Los expertos de mi país no entienden la vida de personas como yo” (70%). En esto último somos líderes mundiales y debería llamar la atención sobre la desconexión tanto de la clase política como de la tecnocracia con la realidad. Se critica mucho, por ejemplo, lo apolítica que ha sido la tecnocracia. Sin embargo, los últimos meses son una muestra de lo poco que sirve la narrativa puramente política prescindiendo de un fondo técnico. Ambos actores tienen que reconocer su interdependencia.

En lugar de señalarnos unos a otros por los males del país o pretender generar narrativas que niegan el quiebre democrático que tuvimos, es momento de una agenda clara para escuchar, entender y atender las demandas ciudadanas. ¿En qué enfocarnos? La reforma política es necesaria pero también hay varias reformas pendientes en el plano programático. Primero, necesitamos proteger nuestra estabilidad macroeconómica y dar la importancia que merece el crecimiento para mantener y aumentar el espacio para implementar cambios. Segundo –y aquí es donde hemos fallado históricamente- hay que usar adecuadamente ese espacio e implementar los cambios. Entre ellos se encuentran reducir decididamente la informalidad junto con una mejor protección social, fortalecer los servicios de educación y salud, dotar las condiciones mínimas que requieren los distritos y provincias para que sus emprendedores puedan crecer, fortalecer capacidades y ajustar el proceso de descentralización para respuestas más efectivas y cercanas a la gente.

Los cambios requeridos no son sencillos ni se lograrán de un día para otro, pero toca enfrentar los retos en lugar de seguir dejándolos bajo la alfombra o será cuestión de tiempo para quebrarnos de nuevo antes de siquiera habernos restaurado.