Cuando pensamos en la deforestación, solemos pensar en árboles que desaparecen. Pero sus efectos van mucho más allá del bosque: también alcanzan la economía y el bienestar de las personas.

Los bosques abarcan el 56% del territorio peruano y cumplen funciones esenciales que muchas veces pasan desapercibidas (Conservación Internacional, 2020). Regulan el clima, protegen el suelo, capturan carbono, purifican el aire y ayudan a mantener la disponibilidad de agua que sostiene actividades como la agricultura y la generación de energía.

Por eso, perderlos cuesta. Solo la reducción de lluvias asociada a la deforestación amazónica genera pérdidas de alrededor de US$14 mil millones al año para los países de la región (Banco Mundial, 2025).

Y Perú está especialmente expuesto. Un análisis de Conservación Internacional (2026) ubica al país entre los diez que podrían enfrentar mayores pérdidas económicas asociadas a la deforestación.

A eso se suma un costo que es menos evidente. Un estudio reciente de 53 países, entre ellos Perú, encontró que mientras más se deteriora la naturaleza de un país, más caro puede resultar al Estado conseguir financiamiento (Wollenweber et al., 2026).

¿Y por qué eso debe importarnos? Porque pagar intereses más altos puede dejar menos espacio para financiar otras prioridades, como salud, educación, infraestructura o programas sociales.

Cuidar nuestros bosques, entonces, no es solo proteger árboles y biodiversidad. También es conservar una parte de la infraestructura natural que sostiene nuestra economía.

Perder un bosque también tiene una factura. Y esa factura la pagamos todos.