En los últimos tres años, el Perú ha tenido nueve declaratorias de estado de emergencia por inseguridad ciudadana. Sin embargo, los resultados han sido limitados: las extorsiones se han multiplicado por siete a nivel nacional y en Lima por más de quince veces desde 2019.

La evidencia muestra que estas medidas generan una reducción temporal de los delitos, pero no abordan las causas estructurales. Además, la alta rotación de autoridades —con un ministro del Interior que dura en promedio menos de cuatro meses— dificulta la implementación de estrategias sostenidas.

La inseguridad también tiene un costo económico significativo, equivalente a más del 2 % del PBI nacional, asumido en gran parte por familias y pequeños negocios que deben invertir en su propia protección.