El transporte público es vital para los limeños, pero la seguridad de quienes lo usan y conducen está en peligro. El 87 % de los viajes en Lima se realizan en combis y custers, muchas de las cuales, incluso formales, son víctimas de extorsión. Subirse a estas unidades puede generar miedo, y la informalidad del servicio aumenta la vulnerabilidad de pasajeros y transportistas por igual.

Las consecuencias se sienten en la vida diaria: largas horas de tráfico, estrés y la necesidad de gastar más para movilizarse. Según el Banco Central, cada limeño pierde aproximadamente S/3.800 al año por estas dificultades, entre tiempo perdido y gastos adicionales.

La seguridad debe ser prioridad: los ciudadanos merecemos viajar tranquilos y dignamente.