La nueva ley propone dar una menor porción del IGV al Gobierno Central para incrementar los recursos de los gobiernos locales. Esto supone reducir los ingresos del Gobierno Central en 10 mil millones cada año para darle a las municipalidades un monto similar al que dejaron sin uso para obras el año pasado.

Si queremos una verdadera descentralización fiscal, es importante que las municipalidades fortalezcan su capacidad de gestión y recaudación.