Sólo en los primeros seis meses del 2025, ya se han reportado 2,396 denuncias por extorsión en La Libertad. Esto equivale a 111 víctimas por cada 100 mil habitantes: la tasa más alta del país (SIDPOL 2025).

Esto es más del doble que en Lima, una región que tiene 5 veces más población (SIDPOL, 2025).

Este 2025 la tendencia es alarmante: en medio año, las denuncias casi triplicaron las del 2019 (SIDPOL, 2025). Y las provincias más afectadas son Ascope, Chepén, Virú y Trujillo, que lideran por su actividad agroindustrial y comercial. Allí se mueve efectivo, hay rutas clave… y hay bandas criminales que se disputan el control (Videnza, 2023).

La inseguridad no solo genera temor, también tiene un costo económico enorme. Cada año le cuesta al Perú más de S/30 mil millones en gastos de seguridad, menor productividad y cierre de negocios (BBVA Research, 2024). Y para un emprendedor, una extorsión de S/ 3,400 a S/ 5,000 puede ser la quiebra. De hecho, 1 de cada 3 peruanos conoce un negocio que ha cerrado por delincuencia (BCP, 2025).

Enfrentar este problema exige una estrategia integral, donde todas las instituciones de seguridad del Estado trabajen de manera coordinada. Esto implica reformas legales que permitan actuar sin demoras, instituciones sólidas y bien equipadas, inteligencia policial de calidad y el uso de tecnología para identificar y desarticular redes criminales antes de que puedan afectar a más personas (Videnza, 2023).

Un país sin seguridad no crece. Y sin crecimiento, todos perdemos.